El 3 de octubre de 2018 será recordado como un día histórico para el reconocimiento de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adoptó por unanimidad la
Aunque el documento fue el resultado de un arduo proceso iniciado a mediados de 2001 e impulsado por organizaciones como la Vía Campesina, tuvo una férrea oposición desde diversos sectores, entre ellos, el gobierno de Gran Bretaña, uno de los pesos pesados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al observar de cerca el texto es posible reconocer el porqué de esa actitud. En efecto, el documento contiene una serie de principios que buscan proteger los derechos de las poblaciones rurales que, según estimaciones, ascienden a la mitad de la población mundial pero cuyas condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 80%. Para Gran Bretaña y otros de sus socios económicos, la declaración puede poner en peligro los intereses de las multinacionales de alimentos pues dentro de los valores consignados se promueve la libertad de siembra, asociación, opinión y expresión de los campesinos, algo que resulta desafiante para los emporios alimenticios.
De acuerdo con el relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver Schutter, la declaratoria sugiere una enorme contribución en materia de bienestar para los campesinos en al menos cuatro dimensiones. Primero, contribuirá a la lucha contra el hambre en las zonas rurales; segundo, permitirá proteger la agricultura familiar de pequeña escala de las intenciones depredadoras de las grandes empresas agroindustriales; tercero, aumentará el acceso a los medios productivos por parte de los campesinos; y finalmente significará un instrumento regulatorio enmarcado en el derecho internacional lo que implica un avance notorio en el reconocimiento de los trabajadores del campo.
Con todo, la declaración sugiere un paso significativo para los campesinos y campesinas del mundo en la continua lucha por la afirmación de sus derechos. No obstante lo anterior, ¿por qué la resolución de Ginebra simboliza un duro golpe a las empresas multinacionales como Monsanto-Bayer? Tomando como base los principales puntos de la declaración, el presente documento busca desentrañar las consecuencias que tendrá para los emporios económicos luego que la Asamblea General de la ONU haya adoptado la declaración el pasado 17 de diciembre en la Sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU 73) en Nueva York.
El primer paso fue la aceptación en el Consejo de Derechos Humanos donde hubo 33 votos a favor liderados por Cuba y Ecuador, 11 abstenciones entre las que se destacan los casos de Alemania (casa matriz de Bayern) y Brasil, este último en vilo con el reciente triunfo a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro. Finalmente, tres Estados se opusieron a la declaración: Australia, Hungría y Gran Bretaña. Este panorama muestra que, a pesar de contar con las mayorías necesarias para la aprobación en la Asamblea en pleno, el camino estuvo lleno de obstáculos por cuenta de las empresas y gobiernos cuyos negocios estarán comprometidos. Además, debe tomarse en consideración la tendencia mundial del ascenso de gobiernos de derecha, cada vez más radicales, lo que significa una afrenta a los derechos humanos. Sin duda, la democracia está en peligro.
Ahora bien, la declaración comienza con la definición de campesino, entendido como un hombre o mujer que tiene una relación directa y particular con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas (art. 1). Dentro de esta categoría se incluyen las comunidades locales, familias y demás grupos que trabajan la tierra, así como las personas indígenas dedicadas a dichas labores. También son campesinos los individuos que por distintas circunstancias no poseen territorio y cuya única alternativa es vender su mano de obra. Generalmente, los campesinos y campesinas son personas sin acceso a condiciones dignas de supervivencia, razón por la cual, la declaración propone una serie de derechos a título individual y colectivo que sugieren la protección de la libertad en un marco de igualdad fundada sobre la no discriminación por su condición económica y sociocultural (art.2).
Un punto fundamental en relación con lo anterior es la soberanía alimentaria que comprende “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura”. Este concepto que ha sido construido a lo largo de los años por organizaciones campesinas es fundamental para entender sus luchas y demandas y, al tiempo, significa un temor latente para las multinacionales alimentarias como Monsanto-Bayern. En efecto, al hablar de soberanía alimentaria se hace referencia al reconocimiento de sistemas ancestrales y autóctonos en la producción de alimentos y en la explotación pesquera sostenible, algo que va en claro detrimento de los intereses de las grandes empresas cuya motivación es la maximización de las ganancias.
Mientras un sistema local promueve la diversidad en la producción de alimentos, Monsanto insiste en la compra de amplias extensiones de tierra para sembrar monocultivos que generen excedentes y vender a otras regiones del mundo. Los alimentos como negocio y no como derecho. De ahí que, la declaración signifique un avance notable en el reconocimiento de los productores locales.
Así mismo, el artículo tercero de la resolución plantea una serie de derechos relacionados con la vida, la dignidad y un nivel adecuado de desarrollo que incluye el hecho de que ningún campesino pueda ser “acosado, desalojado, perseguido o detenido arbitrariamente”. Esta circunstancia se relaciona con las condiciones en las que viven millones de trabajadores del campo en el mundo quienes debido a su situación económica han adquirido grandes deudas, han tenido que vender sus riñones o incluso han llegado a suicidarse. Todas estas circunstancias han sido documentadas por la activista india Vandana Shiva, una importante voz en medio de la lógica depredadora de Monsanto.
A propósito de la multinacional, uno de los puntos de declaración sostiene explícitamente que “los campesinos tienen derecho a vivir una vida saludable y no ser afectados por la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes químicos”. Este parágrafo tiene un destinatario específico: la empresa norteamericana que con sus productos ha generado una crisis mundial en la manera de producir y distribuir los alimentos.
Desde esta perspectiva, la declaración de los derechos campesinos es un paso histórico para limitar el poder de influencia de Monsanto y demás empresas que han intentado monopolizar el mercado alimentario mundial. Amparados por el sistema de Naciones Unidas, los campesinos podrán contar con un valioso instrumento para protegerse de la violencia de estos grupos económicos y lo más importante aún, tendrán autonomía en sus sistemas de producción. En esta misma vía, la resolución plantea que los campesinos tendrán derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza.
Esto es particularmente relevante en un país como Colombia donde el nivel de desigualdad en el campo alcanza el 89,7%. De las más de 114 millones de hectáreas con las que cuenta la nación, el 54% está concentrada en propietarios privados y el porcentaje real de pertenencia a campesinos es inferior al 20%. Casos como el de Quibdó donde menos del 1% de los propietarios privados es el dueño del 94% del territorio rural, ejemplifican la difícil situación de los campesinos en el país cafetero. A esto hay que sumarle la constante violencia de la que son objeto los trabajadores del campo, los desplazamientos y la poca cobertura en servicios básicos con la que cuentan. Por tanto, la declaratoria puede significar una oportunidad sin parangón para reconocer los derechos de uno de los actores más afectados por el conflicto armado.
Por otra parte, uno de los puntos neurálgicos en la declaración es el “derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional” (art.5). En este acápite se consignan las libertades que tienen los campesinos para determinar la variedad de semillas que quieren emplear. Del mismo modo, los empodera para rechazar la multiplicidad de plantas que consideren nocivas en términos económicos, culturales o ecológicos y a evitar el modelo agroindustrial. Nuevamente, el apartado significa una afrenta a los proyectos de empresas como Monsanto-Bayern que han buscado históricamente restringir los canales de producción local y han limitado a gran escala la biodiversidad. En efecto, por medio de costosos bufets de abogados, la multinacional ha buscado ocultar sus crímenes en contra de la humanidad. Aunque no siempre se ha salido con la suya. Un ejemplo de ello fue la multa de 289 millones de dólares que el gigante económico deberá pagar a un campesino, luego de que un jurado en Estados Unidos determinara que el cáncer terminal que padece fue la consecuencia de exponerse a los agentes químicos de Monsanto. La resolución es también una oportunidad para proteger a millones de campesinos del mundo de la exposición a productos cancerígenos y que afectan al medio ambiente.
En tal sentido, los campesinos podrán gozar de nuevas libertades al no estar avocados a la compra de semillas y pesticidas de la multinacional. Atrás quedará la dictadura alimentaria que obligaba a los trabajadores del campo a sembrar determinada especie de semilla (generalmente genéticamente modificada) bajo el temor de ser encarcelado (ver aquí). Con la resolución se promoverá la biodiversidad biológica (art.10), la protección del medio ambiente (art.11), las libertades de asociación (art.12) y el acceso a la justicia (art.13), elementos claves para el reconocimiento de incansables luchadores sociales. El paso que dio el Consejo de Derechos Humanos y que tuvo su respaldo avasallador en la Asamblea General, es tan sólo una primera conquista de los campesinos que tendrán que estar preparados para la arremetida de las multinacionales y gobiernos que buscarán a toda costa evitar la aplicación de lo contenido en la declaración. Es por esa razón que las demandas a favor de la protección de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo debe continuar. La lucha apenas comienza.
Por Rodrigo Bernardo Ortega para La tinta
28 de diciembre, 2018
Fuente: La tinta
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